Bolivia

Bolivia ha emprendido uno de los experimentos constitucionales más ambiciosos del siglo. Tras los levantamientos populares contra la privatización del agua en 2000 y contra la exportación del gas en 2003, el país eligió a su primer presidente indígena, nacionalizó sus hidrocarburos y en 2009 se refundó como Estado Plurinacional, reconociendo 36 naciones indígenas, los sistemas de justicia indígena y el principio del Vivir Bien — vivir bien en lugar de acumular más —, antes de otorgar derechos legales a la Madre Tierra. La pobreza cayó de forma marcada durante el auge de las materias primas. Sin embargo, el mismo período trajo la represión de marchas indígenas que defendían su territorio, el desconocimiento de un referendo sobre los límites al mandato presidencial, incendios forestales récord y un modelo económico que se quedó sin ingresos del gas y sin dólares. Las disputadas elecciones de 2019 y las muertes que siguieron continúan siendo objeto de una amarga controversia, y en 2025 los votantes pusieron fin a dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo. Bolivia debe leerse con claridad en ambas direcciones: como prueba de que una mayoría excluida durante mucho tiempo del poder puede reescribir los cimientos de un Estado, y como advertencia de que los ideales constitucionales no se hacen cumplir solos.

Estructuras de poder

Durante la mayor parte de su historia, Bolivia fue gobernada por una élite reducida, mayoritariamente blanca y mestiza, en un país cuya mayoría es indígena. La elección de Evo Morales, un aymara exdirigente sindical de los productores de coca, en 2005 rompió ese patrón, y su Movimiento al Socialismo (MAS) dominó la política durante casi dos décadas. Ese mismo dominio produjo su propia concentración de poder. En febrero de 2016 los votantes rechazaron por estrecho margen una reforma constitucional que habría permitido a Morales buscar un cuarto mandato; en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional eliminó el límite de todos modos, al dictaminar que los límites al mandato violaban sus derechos políticos, y Human Rights Watch advirtió que las reformas judiciales del gobierno suponían “un grave riesgo para la independencia judicial”.^[1]

La crisis de 2019 debe entenderse con ambos lados de la evidencia a la vista. Tras las elecciones de octubre de 2019, una auditoría de la Organización de los Estados Americanos informó sobre actas alteradas, firmas falsificadas y el desvío de los datos de los resultados a servidores fuera del control de la autoridad electoral, y la OEA ha seguido describiendo estos hechos como una manipulación deliberada.^[2] Sin embargo, la afirmación estadística de la OEA de que un giro tardío a favor de Morales era “inexplicable” fue cuestionada por el Center for Economic and Policy Research,^[3] por investigadores del Election Data and Science Lab del MIT, que concluyeron que era “muy probable” que Morales hubiera ganado con los diez puntos de ventaja necesarios para evitar la segunda vuelta,^[4] y por un estudio independiente difundido por el New York Times en junio de 2020 y publicado después en el Journal of Politics, que encontró que la aparente ruptura de tendencia era un artefacto de errores de codificación de los propios observadores.^[5] En medio de protestas y de un motín policial, Morales renunció el 10 de noviembre de 2019, después de que el comandante de las Fuerzas Armadas le sugiriera públicamente renunciar.^[6] Si esa secuencia fue un golpe de Estado o un levantamiento popular contra el fraude sigue dividiendo políticamente a Bolivia; lo que no está en disputa es que el argumento estadístico presentado al mundo en aquel momento era mucho más débil de lo que se afirmó.

El gobierno interino de Jeanine Áñez que siguió emitió un decreto que otorgaba a los militares amplia discrecionalidad para usar la fuerza, y abrió procesos penales contra más de 150 personas vinculadas al gobierno anterior.^[6] Al menos 37 personas murieron en los disturbios de 2019. Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que las fuerzas de seguridad mataron a 20 manifestantes partidarios de Morales e hirieron a más de 170 en Sacaba y Senkata, y calificó ambos hechos como masacres. En junio de 2022, Áñez fue condenada a diez años de prisión — en un juicio que Human Rights Watch criticó por impedirle asistir en persona.^[7] Los abusos fueron en más de una dirección, y los tribunales bolivianos han sido utilizados de manera persistente por la facción que ostenta el poder en cada momento.

El MAS volvió al poder con la elección de Luis Arce en 2020, pero luego se dividió entre los partidarios de Arce y los de Morales. En diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional revirtió su propio fallo de 2017 e inhabilitó a Morales para volver a postularse.^[8] En medio de la crisis económica, el partido se desplomó: su candidato obtuvo alrededor del 3% en la primera vuelta de agosto de 2025, y el 19 de octubre de 2025 el senador centrista Rodrigo Paz ganó la segunda vuelta con el 54,6% frente al expresidente Jorge Quiroga, poniendo fin a casi veinte años de gobierno del MAS.^[9]

Captura institucional

Durante cinco siglos, las instituciones de Bolivia se organizaron en torno a la extracción de sus recursos — la plata de Potosí, luego el estaño, luego el gas — para dueños que estaban en otra parte. Las últimas décadas del siglo XX añadieron una forma nueva: privatizaciones diseñadas con inversionistas extranjeros sentados a la mesa. En 1999 el gobierno otorgó una concesión de 40 años sobre el sistema de agua de Cochabamba a Aguas del Tunari, un consorcio en el que la empresa estadounidense Bechtel tenía la participación de control, con un rendimiento promedio garantizado del 16% anual. Las tarifas subieron bruscamente; la empresa describió el aumento como de un 35% en promedio, mientras que un análisis de sus propios datos de facturación encontró un promedio del 51%. A comienzos de 2000 la ciudad quedó paralizada tres veces por huelgas generales y bloqueos, un joven de diecisiete años, Víctor Hugo Daza, fue asesinado por el Ejército y la concesión fue cancelada. Bechtel y su coinversionista demandaron a Bolivia por 50 millones de dólares ante un tribunal del Banco Mundial, y luego retiraron el caso en 2006 a cambio de un pago simbólico.^[10]

Tres años después llegó la Guerra del Gas. En septiembre y octubre de 2003, las protestas contra los planes de exportar gas natural, con epicentro en la ciudad aymara de El Alto, fueron reprimidas por la fuerza militar; más de 50 personas murieron. En 2018 un jurado federal de Estados Unidos declaró al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa responsables de ejecuciones extrajudiciales y otorgó 10 millones de dólares en indemnizaciones a las familias de las víctimas.^[11] Para muchos bolivianos, ambos conflictos dejaron la misma lección estructural: las decisiones sobre los recursos más básicos del país se habían tomado en favor del capital externo, y a veces por él mismo.

La respuesta fue recuperar las rentas. Un impuesto directo a los hidrocarburos en 2005 duplicó con creces los ingresos del petróleo y el gas, y el 1 de mayo de 2006 Morales nacionalizó el sector, obligando a las operadoras extranjeras a firmar nuevos contratos bajo la empresa estatal YPFB. Los ingresos por hidrocarburos subieron de 1.550 millones de dólares en 2006 a 2.700 millones en 2008, y gran parte se transfirió a departamentos, municipios y universidades.^[12] Pero un Estado que captura rentas también puede quedar cautivo de ellas. La producción de gas alcanzó su pico en 2014 y luego cayó de forma persistente a medida que los campos envejecían y la exploración se rezagaba; las exportaciones de gas bajaron de 6.010 millones de dólares, el 46,5% de las exportaciones totales en 2014, a 1.610 millones en 2024. Analistas del sector atribuyen la caída a la falta de inversión tras la nacionalización.^[13] El gasto social que financiaban los ingresos del gas sobrevivió al propio gas.

Vivienda y costo de vida

Los años del MAS coincidieron con una de las mayores reducciones de la pobreza y la desigualdad en América Latina. Un documento de trabajo del FMI encontró que Bolivia, cuya desigualdad estaba muy por encima del promedio regional a mediados de los años noventa, pasó a situarse por debajo de él; en el área rural, donde el cambio fue mayor, las estimaciones oficiales muestran que la pobreza extrema cayó del 75% al 41% y la pobreza moderada del 87% al 61% entre 2000 y 2012. El mismo estudio es cuidadoso respecto de las causas: la reducción se debió principalmente al aumento de los ingresos laborales en la base durante el auge de las materias primas, concentrado en los servicios informales y la manufactura, mientras que las transferencias tuvieron un papel menor — con la importante excepción de la Renta Dignidad, una pensión universal no contributiva que “marcó una gran diferencia para los adultos mayores pobres”.^[14] La Renta Dignidad, junto con los bonos para escolares y para mujeres embarazadas y recién nacidos, se financió en parte con el impuesto directo a los hidrocarburos.^[12] Los autores advirtieron en 2015 que sería difícil proteger estos logros una vez que el auge se revirtiera.

Esa advertencia se cumplió. Bolivia mantuvo su moneda anclada al dólar y sostuvo los precios internos de los combustibles muy por debajo del costo de importación incluso cuando caían los ingresos del gas. Las reservas del Banco Central bajaron de 15.500 millones de dólares en 2014 a unos 1.700 millones a fines de 2023, lo que provocó una escasez crónica de dólares y una deuda calificada como bono basura.^[8] Hacia 2025 los bolivianos enfrentaban largas filas para conseguir combustible, dólares en el mercado paralelo y una inflación que en noviembre llegó a casi el 20% anual.^[15] En diciembre de 2025 el nuevo gobierno de Rodrigo Paz eliminó la subvención a los combustibles, vigente durante casi dos décadas, afirmando que ahorraría 10 millones de dólares diarios; los pasajes de transporte se duplicaron, y los mineros, los transportistas y la Central Obrera Boliviana lanzaron huelgas y bloqueos.^[15] En enero de 2026, tras seis días de bloqueos de carreteras, Paz acordó con los sindicatos anular el decreto y emitir uno revisado que mantenía la eliminación de la subvención, pero suprimía una disposición de vía rápida para inversiones y aumentaba los pagos a estudiantes, adultos mayores y trabajadores con salario mínimo.^[16] El episodio mostró tanto la insostenibilidad fiscal del viejo modelo como el perdurable poder organizado de los sindicatos y movimientos sociales bolivianos para incidir en lo que lo reemplace.

Presiones ambientales

Las leyes de Bolivia otorgan derechos a la Madre Tierra (véase más abajo), pero sus bosques arden. Según datos de Global Forest Watch difundidos por el World Resources Institute, la pérdida de bosque primario en Bolivia aumentó un 200% en 2024, hasta 1,5 millones de hectáreas, lo que la situó por primera vez solo detrás de Brasil en pérdida de bosque primario tropical — pese a tener menos de la mitad de la superficie forestal de la República Democrática del Congo. Más de la mitad de la pérdida se debió a incendios, a menudo provocados para habilitar tierras para soya, ganado y caña de azúcar, que se convirtieron en megaincendios en medio de una sequía severa; el WRI señala que “las políticas gubernamentales que promovían la expansión agrícola agravaron el problema”.^[17] La brecha entre los ideales constitucionales y la frontera agroindustrial de las tierras bajas del oriente es la contradicción más aguda del historial ambiental del país.

El conflicto del TIPNIS hizo visible esa contradicción dentro del propio proyecto del MAS. En 2011 el gobierno de Morales respaldó una carretera, construida por una contratista brasileña con financiamiento de la banca de desarrollo de Brasil, que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, área protegida desde 1965. Organizaciones indígenas de las tierras bajas, a las que se sumó la federación de tierras altas CONAMAQ, marcharon hacia La Paz, y las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente la marcha en Chaparina. La investigadora Ana Carolina Delgado sostiene que la represión reveló una “nueva agenda desarrollista” en la que un gobierno que decía hablar en nombre de los pueblos indígenas priorizó la extracción y los intereses de los colonos cocaleros por encima de los derechos territoriales.^[18] El gobierno declaró luego al TIPNIS “intangible” mediante la Ley 180, solo para derogar esa protección en 2017 con la Ley 969.^[19]

El litio podría definir el próximo capítulo. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima los recursos de litio de Bolivia en 23 millones de toneladas, los mayores del mundo, apenas por delante de los 22 millones de Argentina.^[20] Sin embargo, décadas de esfuerzos liderados por el Estado han logrado poca producción comercial, y los contratos firmados con empresas rusas y chinas quedaron estancados sin aprobación legislativa antes de las elecciones de 2025.^[21] Que la extracción de litio en los salares de altura, donde el agua escasea, respete los derechos de consulta de las comunidades locales pondrá a prueba si la constitución plurinacional gobierna la política de recursos o simplemente la decora.

Tradiciones cooperativas y de ayuda mutua

La institución colectiva más profunda de Bolivia es anterior al Estado. En los Andes, la población rural ha vivido tradicionalmente en comunidades basadas en el parentesco llamadas ayllus, donde la tierra se posee en común y los cargos de autoridad han rotado tradicionalmente año tras año entre los hombres casados de la comunidad. El dominio colonial español toleró implícitamente la autonomía del ayllu a cambio del tributo; los gobiernos republicanos intentaron disolverla, de manera más radical con la Ley de Exvinculación de 1874, que dividió las tierras comunales en parcelas vendibles. Muchos ayllus sobrevivieron comprando de vuelta su propio territorio ancestral. Desde mediados de los años noventa, muchos sindicatos campesinos del occidente boliviano se reconstituyeron como ayllus, y su consejo nacional, el CONAMAQ, se convirtió en uno de los movimientos detrás de la constitución de 2009.^[22] La autoridad rotativa encierra una teoría del cargo político distinta de la que emplea la mayoría de los Estados: el liderazgo es una obligación que se debe a la comunidad por turno, no un premio que se gana compitiendo.

La constitución permite a los pueblos indígenas convertir municipios en autonomías indígenas originarias campesinas con autogobierno. La primera, el territorio guaraní de Charagua, instaló su gobierno en 2017 con una asamblea deliberativa, el Ñemboati Guasu, que en la práctica se reúne semanalmente y se ha convertido en su órgano más influyente. Los investigadores Nancy Postero y Jason Tockman encontraron un sistema híbrido que amplió genuinamente la participación — pero señalaron que la autonomía “no controla los derechos sobre el subsuelo”, de modo que las decisiones de mayores consecuencias sobre la extracción siguen en manos del Estado central.^[23]

Las cooperativas bolivianas muestran también cómo esta forma puede ser capturada. Las cooperativas mineras, con entre 110.000 y 130.000 socios y trabajadores según las estimaciones, produjeron el 44% de la producción minera del país en 2014, incluido el 95% de su oro, pero pagaron solo el 19% de las regalías mineras, gracias a un trato tributario favorable obtenido mediante su alianza política con el partido de gobierno; muchos de sus trabajadores laboran en condiciones de explotación e inseguridad. Cuando en 2016 el gobierno se dispuso a permitir que los trabajadores de las cooperativas se sindicalizaran, cooperativistas mineros en protesta secuestraron y mataron a golpes al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.^[24] Una cooperativa de nombre puede funcionar como una empresa privada que usa la etiqueta para eludir obligaciones — un recordatorio de que la estructura de propiedad por sí sola no garantiza una práctica democrática ni igualitaria.

Lenguaje político

Vivir Bien / Suma Qamaña

“Vivir bien” (del aymara suma qamaña): un principio constitucional que define la buena vida a partir del equilibrio dentro de la comunidad y con la naturaleza, en contraste con el “vivir mejor” mediante una acumulación sin fin. Sus críticos señalan que los gobiernos del MAS lo invocaban mientras expandían la extracción.

Pachamama / Madre Tierra

Una concepción andina de la tierra viva como un pariente con quien se guarda reciprocidad, y no como un recurso que se posee. La legislación boliviana reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos.

Plurinacional

La idea de que Bolivia no es una sola nación, sino un Estado compartido por muchas naciones y pueblos, cada uno con su propia lengua, sus instituciones y su territorio. En 2009 la palabra reemplazó a “República” en el nombre oficial del país.

Ayllu

La comunidad andina basada en el parentesco, con tierras comunes y autoridad rotativa — a la vez una institución viva y un símbolo político del autogobierno indígena.

Golpe / fraude

Las dos palabras que los bolivianos usan para nombrar los hechos de noviembre de 2019. Cuál de ellas usa una persona señala de forma fiable su lealtad política.

Gasolinazo

Un alza repentina del precio de los combustibles. Morales retiró uno a los pocos días en 2010, tras las protestas; el término volvió en diciembre de 2025, cuando el gobierno de Paz eliminó la subvención a los combustibles.

Características estructurales únicas

Bolivia es uno de los pocos Estados — Ecuador es otro — que se ha redefinido formalmente como plurinacional. La constitución de 2009 define al país como un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, reconoce como oficiales el castellano y 36 lenguas indígenas, y enumera el principio aymara de la suma qamaña (vivir bien) y el guaraní ñandereko (vida armoniosa) entre los principios ético-morales del Estado.^[25] Se garantiza a las naciones indígenas la libre determinación, el territorio y la consulta previa obligatoria antes de que se exploten los recursos naturales de sus tierras, y los sistemas jurídicos indígenas gozan de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria.^[25]

En la práctica, esa igualdad se ha estrechado. Una Ley de Deslinde Jurisdiccional de 2010 prohíbe la pena de muerte y la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en cualquier jurisdicción, y limita las materias que pueden decidir las autoridades indígenas; los observadores describen un sistema que funciona pero está implementado de forma incompleta, en el que los casos de mayor trascendencia suelen remitirse a los tribunales del Estado.^[26] El patrón se repite en todo el proyecto plurinacional: un fuerte reconocimiento constitucional, seguido de una legislación y una práctica que devuelven de forma fiable los poderes decisivos — sobre el subsuelo, sobre los delitos graves, sobre el presupuesto — al Estado central.

La misma ola constituyente produjo una de las legislaturas con mayor equilibrio de género del mundo. Desde 2010, la ley electoral exige que las listas de candidaturas alternen hombres y mujeres; tras las elecciones de 2020, las mujeres ocupaban el 46% de los escaños en la Cámara de Diputados y casi el 56% en el Senado. Freedom House señala que el sexismo sigue socavando el trabajo de las mujeres en la política, sobre todo en el ámbito local, y que, aunque los pueblos indígenas están bien representados en el gobierno, sus intereses a menudo se pasan por alto.^[27] La representación, en otras palabras, es necesaria pero no suficiente: quiénes se sientan en la legislatura cambió más rápido que los intereses que dan forma a las políticas.

Contexto legal y constitucional

La constitución de 2009, aprobada por referendo en enero de ese año, rehace la relación del Estado tanto con las personas como con la naturaleza. El artículo 20 declara el acceso al agua y al alcantarillado un derecho humano y prohíbe su concesión o privatización — un legado directo de la Guerra del Agua de Cochabamba.^[25] Bolivia extendió luego estos principios por vía legislativa. La Ley 071 de 2010 reconoció a la Madre Tierra como un ser con derechos legales, entre ellos el derecho a la vida, al agua y al aire limpios, y a la restauración; la Ley 300 de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, buscaba alejar la economía del extractivismo.^[28]

El historial de implementación es aleccionador. La Defensoría de la Madre Tierra ordenada en 2010 seguía sin crearse en 2025, las demandas por los derechos de la naturaleza apenas han empezado a llegar a los tribunales, y los sucesivos gobiernos expandieron la minería, los hidrocarburos, las represas hidroeléctricas y el cultivo de soya que impulsan la deforestación y los incendios, según la jurista Paola Villavicencio-Calzadilla.^[28] Los tribunales también se han debilitado por la forma en que se elige a los jueces: los candidatos a los tribunales superiores son preseleccionados primero por dos tercios de la legislatura, un sistema que, según Freedom House, ha facilitado el dominio político, la corrupción y la persecución judicial de opositores.^[27]

Por ello, el marco legal de Bolivia se lee mejor como un conjunto de compromisos todavía en disputa que como un orden asentado. Sus textos sobre el agua, el autogobierno indígena y los derechos de la naturaleza están entre los de mayor alcance del mundo, y los movimientos indígenas y ambientalistas los invocan de manera persistente contra el propio Estado. Que cobren fuerza bajo un gobierno que ya no dice hablar en nombre del proyecto plurinacional será una de las pruebas más claras de si el lenguaje constitucional puede sobrevivir a la coalición que lo escribió.