Cuba

Cuba es el caso de prueba más claro en las Américas de lo que ocurre cuando una sociedad se organiza en torno a prioridades distintas mientras la economía más poderosa del planeta trabaja para que ese experimento fracase. Su constitución garantiza vivienda, atención médica gratuita y educación gratuita. Durante décadas logró una esperanza de vida cercana a la de Estados Unidos y una de las proporciones de médicos por habitante más altas del mundo, en condiciones de escasez crónica — mientras operaba bajo un embargo estadounidense que la Asamblea General de la ONU ha condenado en votaciones anuales desde 1992. El mismo sistema también ha negado de manera persistente a los cubanos elecciones competitivas, una prensa independiente y el derecho a la protesta, y hoy atraviesa su crisis más profunda desde los años noventa: apagones, escasez de medicamentos, aumento de la mortalidad infantil y la partida de aproximadamente una décima parte de la población. Ambas historias son ciertas a la vez, y ninguna puede entenderse sin la otra.

Estructuras de poder

En Cuba el poder político está concentrado por mandato constitucional. El artículo 5 de la Constitución de 2019 designa al Partido Comunista de Cuba como “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, y el artículo 4 declara “irrevocable” el sistema socialista.^[1] Ningún otro partido puede competir por el poder. Freedom House otorga a Cuba 10 de 100 puntos en su evaluación de 2025 — 1 de 40 en derechos políticos — y señala que el partido ha monopolizado el gobierno desde mediados de los años sesenta y no permite competencia electoral.^[2] El relevo generacional de los hermanos Castro al presidente Miguel Díaz-Canel cambió los rostros en la cúpula sin cambiar esta estructura.

Los límites de la disidencia se hicieron brutalmente visibles el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en las mayores manifestaciones de alcance nacional desde 1959, impulsadas por la escasez de alimentos y medicamentos, la pandemia y las restricciones de derechos de larga data. Human Rights Watch documentó detenciones arbitrarias sistemáticas, abusos bajo custodia y procesos judiciales que violaron el debido proceso más elemental; organizaciones cubanas de derechos humanos contabilizaron más de 1.400 personas detenidas.^[3] En octubre de 2025, la organización Prisoners Defenders contabilizaba cerca de 700 presos políticos, y las protestas por los apagones, la escasez y el aumento de las tarifas de internet continuaron a lo largo de 2025.^[4]

Junto al partido se encuentran las fuerzas armadas. GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, controla gran parte del sector turístico, el comercio minorista en divisas y los canales de remesas. Cuánto posee realmente GAESA es objeto de disputa: una investigación del Miami Herald de 2025, basada en balances filtrados, reportó alrededor de 18.000 millones de dólares en activos, mientras que la economista Emily Morris, del University College London, sostuvo que las cifras estaban expresadas en pesos cubanos y equivalen a bastante menos de 1.000 millones de dólares.^[5] La propia disputa ilustra el problema estructural: la institución con mayor poder económico en la isla es también una de las menos transparentes.

Captura institucional

En la mayoría de los países de este sitio, la captura institucional significa que la riqueza privada doblega a las instituciones públicas. En Cuba la dirección es la inversa: el Estado-partido absorbe instituciones que en otros lugares actúan como contrapesos independientes. El artículo 55 de la Constitución reconoce la libertad de prensa, pero declara que los “medios fundamentales de comunicación social” son de propiedad socialista y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”, y el artículo 56 condiciona la reunión y la asociación al “respeto al orden público” según lo defina la ley.^[1] El resultado práctico es que periódicos, emisoras, sindicatos y organizaciones de masas operan dentro de la órbita del partido y no fuera de ella.

La misma concentración se extiende a las profesiones más admiradas en el exterior. Las misiones médicas cubanas han desplegado a más de 400.000 trabajadores de la salud en 164 países a lo largo de seis décadas. Human Rights Watch ha documentado que las normas que las rigen obligan a los médicos a informar sobre sus relaciones sentimentales, les prohíben amistades con personas “hostiles” a la revolución y castigan a quienes abandonan una misión con una prohibición efectiva de ocho años para regresar a su país; “abandonar” un puesto puede acarrear cargos penales de hasta ocho años de prisión.^[6] Internacionalismo y coerción conviven en la misma institución.

Vivienda, salud y costo de vida

El sistema de vivienda cubano descansa sobre una base inusual. Según la Ley de Reforma Urbana de 1960, los inquilinos que pagaron alquiler al Estado durante veinte años se convirtieron en propietarios de sus viviendas; hacia 2019, alrededor del 85% de los cubanos era dueño de la vivienda que habitaba, según el economista Carmelo Mesa-Lago.^[7] El artículo 71 de la Constitución reconoce “el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable” para todas las personas.^[1] Esto ha protegido en gran medida a los cubanos de los desalojos masivos, la extracción de rentas y el desplazamiento especulativo que se observan en buena parte de la región.

Pero la propiedad no equivale a un techo adecuado. El déficit habitacional oficial ronda las 800.000 viviendas, y cerca de un tercio de los 3,9 millones de viviendas del país están clasificadas en estado regular o malo; al ritmo reciente de construcción, cerrar la brecha tomaría décadas.^[8] Es habitual que varias generaciones compartan viviendas estrechas — una fuente persistente de tensión en los hogares y de independencia tardía para los adultos jóvenes. Desde 2011, el Decreto-Ley 288 permite a los cubanos comprar y vender viviendas a precios libremente acordados por primera vez desde la revolución, aunque limita la propiedad a una residencia permanente y una de descanso.^[9]

Los costos cotidianos están marcados por una economía dividida. Los salarios estatales se pagan en pesos mientras una proporción creciente de los bienes solo se vende en divisas, de modo que el acceso a remesas de familiares en el exterior determina cada vez más quién come bien y quién no. Human Rights Watch, citando una encuesta de mediados de 2025, informa que siete de cada diez cubanos se saltan comidas y que solo alrededor del 30% de los medicamentos esenciales están disponibles en el país.^[4] La igualdad material, durante mucho tiempo fuente de cohesión social, se está erosionando a lo largo de la línea que separa a quienes tienen familia en el extranjero de quienes no.

El artículo 72 de la Constitución consagra la salud como un derecho “gratuito”, y el sistema construido en torno a ese compromiso se organiza a partir de consultorios de barrio del médico y la enfermera de la familia, vinculados a policlínicos comunitarios.^[1] El Bulletin de la Organización Mundial de la Salud describió en 2008 que este modelo de atención primaria había “producido resultados envidiables”, con cada policlínico atendiendo a una población de 30.000 a 60.000 personas y funcionando como centro docente.^[10]

Los resultados han sido sustanciales según cualquier criterio. La OMS estima la esperanza de vida en Cuba en 77,2 años en 2023, frente a 78,5 en Estados Unidos.^[11] Cuba tiene alrededor de 85 médicos por cada 10.000 habitantes — más del triple de la proporción estadounidense, de aproximadamente 27.^[12] Estos resultados se lograron en condiciones de escasez material crónica, lo que sugiere que los resultados en salud dependen de forma fiable tanto del acceso, la prevención y la continuidad de la atención como de la riqueza nacional.

Una anécdota conocida ilustra cómo se han recibido estas comparaciones en Estados Unidos. El cineasta Michael Moore ha contado que su serie de 1994 para NBC, TV Nation, envió equipos de filmación a salas de emergencia en Fort Lauderdale, Toronto y La Habana, y que La Habana ofreció la atención más rápida y barata — pero que la cadena no permitió que el segmento dijera que Cuba había ganado, así que declaró ganador a Canadá.^[13] Este es el relato de Moore, no un hallazgo independiente, y se ofrece aquí solo como ilustración; el argumento a favor del historial sanitario cubano se basa en los datos de la OMS citados arriba, no en un segmento de televisión.

Ese historial está hoy bajo una presión severa. La mortalidad infantil, que el gobierno reportó en 4,0 por cada 1.000 nacidos vivos en 2018, se anunció oficialmente en 9,8 para 2025 — la más alta en más de dos décadas.^[14] Las estimaciones de la OMS y del grupo interinstitucional de la ONU, que usan métodos distintos, también muestran un aumento, de alrededor de 6,2 en 2022 a 6,8 en 2024.^[15] La escasez de medicamentos, electricidad y personal — muchos médicos están entre los emigrantes — hace que la garantía constitucional persista en el papel mientras su base material se erosiona.

Presiones ambientales

El colapso del bloque soviético empujó a Cuba a un experimento accidental de vida con bajos insumos. En 1989 el bloque socialista suministraba el 84,6% de las importaciones de mercancías de Cuba. Entre 1989 y 1993, las importaciones de petróleo cayeron un 53%, las de fertilizantes un 77% y las de plaguicidas un 62,5%.^[16] El “Período Especial” que siguió trajo hambre real, pero también impulsó al país hacia la agricultura urbana orgánica y la agroecología por necesidad más que por ideología.

Desde entonces Cuba ha elaborado uno de los planes de adaptación climática a largo plazo más ambiciosos de cualquier pequeño Estado insular. La Tarea Vida, adoptada en 2017, prohíbe la construcción de nuevas viviendas en zonas costeras amenazadas, ordena la reubicación de comunidades en riesgo por el aumento del nivel del mar y desplaza la agricultura fuera de tierras salinizadas, con un horizonte de un siglo.^[17]

El sistema energético es la vulnerabilidad más aguda. Cuba produce solo alrededor del 40% del petróleo que necesita, y sus centrales termoeléctricas datan mayormente de 1960–1980.^[18] Tras el fin de los suministros venezolanos en enero de 2026, la red eléctrica nacional colapsó en toda la isla al menos seis veces hasta septiembre de 2026, con apagones que con frecuencia duraron más de 30 horas y cortaron el suministro de agua, la refrigeración y las comunicaciones.^[19]

Tradiciones cooperativas y de ayuda mutua

La agricultura urbana es el producto más visible de la improvisación colectiva bajo restricción. Durante el Período Especial, los vecinos comenzaron a cultivar terrenos baldíos, y una reforma agraria de 1993 permitió a los residentes urbanos cultivar tierras estatales. Los huertos de canteros elevados llamados organopónicos se extendieron por La Habana; según estimaciones oficiales, más de la mitad de las frutas y hortalizas consumidas en la capital se cultivaban dentro de la ciudad.^[20] Hacia la década de 2010, según datos de la FAO recopilados por el economista Mario González-Corzo, unas 35.500 hectáreas en todo el país se dedicaban a la agricultura urbana, incluidos 4.000 organopónicos, que empleaban a entre 300.000 y 400.000 personas.^[16]

En el campo, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) construyó el movimiento Campesino a Campesino, en el que los campesinos se enseñan métodos agroecológicos entre sí en lugar de recibir instrucción de extensionistas. Un estudio realizado con la ANAP y La Vía Campesina encontró que la agroecología se difundió rápidamente en gran parte gracias a este método social entre pares, contribuyendo a un aumento significativo de la producción de alimentos del sector campesino sin agroquímicos importados.^[21]

La forma de solidaridad más conocida de Cuba mira hacia afuera. La brigada médica Henry Reeve envió 165 trabajadores de la salud a Sierra Leona en el punto álgido del brote de ébola de 2014 — en ese momento el mayor equipo médico extranjero de un solo país allí — en virtud de un acuerdo especial con la OMS y el gobierno de Sierra Leona.^[22] En casa, las redes informales de vecinos y parientes — que comparten comida, medicamentos y electricidad cuando una casa tiene un generador — siguen siendo la verdadera red de protección cuando la provisión estatal falla.

Lenguaje político

El bloqueo / el embargo

El gobierno cubano llama “bloqueo” a las sanciones estadounidenses; Washington las llama “embargo”. La elección de la palabra señala alineamiento político. Desde la Ley Helms-Burton (1996), levantar las medidas requiere una ley del Congreso de Estados Unidos.

Resolver

El verbo cotidiano para conseguir lo que la economía formal no puede suministrar, mediante el trueque, los mercados informales, los favores o el ingenio. Nombra toda una cultura de supervivencia.

La libreta

La libreta de abastecimiento introducida a comienzos de los años sesenta, que da derecho a cada hogar a una cuota mensual básica de alimentos subsidiados. Antes símbolo de subsistencia garantizada, su contenido cada vez más escaso marca hoy la profundidad de la crisis.

Período Especial

El “Período Especial en Tiempo de Paz” — el eufemismo oficial para el colapso económico de los años noventa tras el fin del apoyo soviético. Muchos cubanos describen hoy la crisis actual como peor.

Patria o Muerte / Patria y Vida

“Patria o Muerte” es la consigna fundacional de la revolución. “Patria y Vida”, título de una canción de 2021 de músicos cubanos, la invirtió y se convirtió en el grito de las protestas de julio de 2021.

Internacionalismo

La doctrina estatal de enviar médicos, maestros e (históricamente) soldados al exterior en solidaridad — fuente a la vez de orgullo genuino, prestigio internacional e ingresos en divisas.

Características estructurales únicas

El embargo es la estructura externa que define la vida cubana. El 29 de octubre de 2025, la Asamblea General de la ONU votó 165 a 7, con 12 abstenciones, para exigir su fin — el 33.º año consecutivo en que lo hace. Solo el Congreso de Estados Unidos puede levantarlo.^[23] En su contribución al informe del Secretario General de la ONU de 2025, el gobierno cubano estimó daños por 7.560 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025, y pérdidas acumuladas de 170.700 millones de dólares a precios corrientes en seis décadas. La misma contribución reconoce que “las carencias y problemas que enfrenta el pueblo cubano no se deben exclusivamente” al embargo.^[24] Se trata de estimaciones de Cuba; no han sido auditadas de forma independiente.

Observaciones independientes confirman parte del mecanismo. En el mismo informe de la ONU, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud afirman que, aunque Estados Unidos sostiene que los bienes humanitarios están permitidos, “empresas estadounidenses en ciertos casos se han negado a suministrar vacunas y medicamentos vitales a la OMS cuando se adquieren para Cuba”. UNICEF estima que sus costos de flete hacia Cuba bajarían en promedio un 40% si pudiera abastecerse en el mercado estadounidense.^[24] Las sanciones se intensificaron drásticamente en 2026: una orden ejecutiva del 29 de enero autorizó aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba.^[25] El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que había niños muriendo porque los médicos no podían acceder a medicamentos esenciales.^[18]

La restricción también ha producido una notable creatividad científica. El sector biotecnológico estatal de Cuba desarrolló CIMAvax-EGF, una inmunoterapia contra el cáncer de pulmón administrada a más de 5.000 pacientes en el mundo y aprobada en varios países; el Roswell Park Comprehensive Cancer Center se convirtió en la primera institución estadounidense autorizada para ensayarla, aunque en Estados Unidos sigue siendo experimental.^[26] Durante la pandemia, Cuba desarrolló y produjo masivamente sus propias vacunas contra la COVID-19. Un estudio de cohorte revisado por pares en The Lancet Regional Health – Americas encontró que la vacuna Abdala tuvo una efectividad del 98,2% contra la enfermedad grave en adultos con esquema completo de vacunación en La Habana.^[27]

El hecho estructural de mayores consecuencias en el presente puede ser demográfico. Las cifras oficiales muestran que la población cayó en aproximadamente 1,4 millones, casi un 13%, entre 2020 y 2024, impulsada por la emigración y el desplome de la natalidad; demógrafos independientes estiman que la pérdida es mayor.^[28] Quienes se van son, en proporción desmedida, jóvenes y calificados. Los sociólogos lo describen como una pérdida en cámara lenta del tejido social: padres ancianos que se quedan atrás, familias divididas entre fronteras y los profesionales que formó el sistema de educación gratuita sirviendo ahora a otros países.

Contexto legal y constitucional

La Constitución de 2019, aprobada por referendo, afianza el gobierno de partido único y a la vez amplía los derechos sociales y económicos. Garantiza la salud gratuita (artículo 72), la educación gratuita desde la enseñanza preescolar hasta el posgrado (artículo 73) y el derecho a una vivienda adecuada (artículo 71), al tiempo que reconoce formalmente la propiedad privada junto a la propiedad socialista y la cooperativa.^[1] Los derechos de expresión, prensa y reunión se reconocen en principio, pero quedan subordinados al “orden público” y a la propiedad estatal de los medios.

Este doble carácter es la lección central del caso cubano. Las garantías sociales escritas en la ley y respaldadas por personal capacitado pueden lograr resultados en salud y educación que rivalizan con los de países ricos con recursos modestos. Pero los derechos que dependen de la discreción de un solo partido, sin tribunales, prensa ni elecciones independientes que pidan cuentas al poder, dejan de manera persistente a la ciudadanía sin recurso cuando el sistema le falla — y la presión económica externa diseñada para forzar un cambio político ha profundizado de forma fiable, a lo largo de seis décadas, las penurias materiales sin producir ese cambio.