México

México concentra muchos de los patrones estructurales que este sitio rastrea a nivel global con una intensidad extraordinaria: un sistema político construido sobre el clientelismo, un aparato de seguridad penetrado por las organizaciones que nominalmente combate, y una economía que genera al individuo más rico del mundo mientras deja a más de la mitad de su fuerza laboral en el empleo informal. Sin embargo, México también porta poderosas tradiciones de autogobierno colectivo — desde las comunidades autónomas zapatistas hasta los municipios oaxaqueños gobernados por asamblea indígena, desde bosques comunitarios certificados bajo estándares internacionales hasta el sistema ejidal que coloca el 42% del territorio nacional bajo tenencia colectiva — que demuestran alternativas a la estructura dominante.

Estructuras de poder

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México sin interrupción durante 71 años (1929–2000) — el período más largo de gobierno unipartidista del siglo XX. El novelista peruano Mario Vargas Llosa lo llamó célebremente "la dictadura perfecta": un sistema que celebraba elecciones, rotaba presidentes, toleraba una disidencia limitada y mantenía el gobierno civil mientras concentraba el poder a través del clientelismo, el control mediático y la represión selectiva. El PRI no solo gobernaba — era el Estado, fusionando la afiliación partidista con el ascenso burocrático, el liderazgo sindical con la lealtad política, y el acceso mediático con la obediencia editorial.

La transición a la competencia multipartidista no llegó por revolución sino por las propias contradicciones internas del PRI. El PAN (Partido Acción Nacional), la oposición de centroderecha, ganó la presidencia en 2000 con Vicente Fox y la mantuvo durante doce años. Pero la arquitectura estructural del clientelismo, la impunidad y la captura institucional sobrevivió intacta a la alternancia partidista. Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del presidente panista Calderón — el funcionario que dirigió la guerra contra el narcotráfico en México — fue declarado culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por recibir decenas de millones de dólares del Cártel de Sinaloa y sentenciado a 38 años de prisión en octubre de 2024.^[1] Es el funcionario mexicano en ejercicio o exfuncionario de más alto rango jamás juzgado en Estados Unidos.

MORENA (Movimiento Regeneración Nacional), fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ganó la presidencia en 2018 y se expandió hasta obtener una supermayoría constitucional en 2024 bajo su sucesora Claudia Sheinbaum. AMLO enmarcó su proyecto como una ruptura con el consenso neoliberal, triplicando el salario mínimo, ampliando las transferencias sociales y atacando la legitimidad de las instituciones autónomas. Sin embargo, la concentración de poder continuó en diferente forma: AMLO transfirió el control de la Guardia Nacional, con sus 120,000 efectivos, de la autoridad civil al ejército (SEDENA), más que duplicó en términos reales el presupuesto de la SEDENA y asignó a las fuerzas armadas el control de aeropuertos, ferrocarriles, aduanas y una aerolínea.^[2] La filtración de 6 terabytes de documentos de SEDENA por el colectivo hacktivista Guacamaya en 2022 reveló la vigilancia militar sistemática de periodistas y activistas.

Los gobernadores estatales operan como centros de poder regionales con rendición de cuentas limitada. Javier Duarte, gobernador priista de Veracruz (2010–2016), malversó un estimado de 61 mil millones de pesos mientras se descubrían 250 cuerpos en fosas clandestinas a lo largo de su estado — recibió una sentencia de nueve años. Roberto Borge, gobernador priista de Quintana Roo, orquestó $250 millones de dólares en operaciones fraudulentas de tierras. Tomás Yarrington, gobernador priista de Tamaulipas, fue declarado culpable de recibir sobornos del narcotráfico. César Duarte, gobernador priista de Chihuahua, fue extraditado desde Estados Unidos por cargos de malversación de $6.5 millones de dólares. El patrón no es aberrante — es estructural.

Captura institucional

La Estafa Maestra, descubierta en 2017 por el medio de investigación Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, documentó un esquema de fraude en contrataciones públicas que involucró a 11 agencias federales, 8 universidades públicas y 128 empresas fantasma. Las agencias federales adjudicaban contratos a universidades públicas — entidades exentas de licitación competitiva — que subcontrataban a empresas fantasma, cobrando comisiones del 10–15% como intermediarios de paso. De 7,700 millones de pesos (~$430 millones de dólares) en contratos, más de 3,400 millones de pesos (~$190 millones de dólares) desaparecieron sin que se prestara servicio alguno.^[3] Rosario Robles, titular de las dos principales dependencias involucradas, fue absuelta en 2023 — confirmado por la Suprema Corte en octubre de 2024.

Pemex, la petrolera estatal, acumula $106,800 millones de dólares en deuda — la petrolera más endeudada del mundo. Bajo el director de Pemex Emilio Lozoya, la planta de fertilizantes Agronitrogenados fue adquirida por $275 millones de dólares a pesar de una valuación de aproximadamente $58 millones de dólares — un sobreprecio de 375% — con más de $3 millones de dólares en sobornos. Lozoya declaró por separado que el presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda Videgaray le ordenaron entregar hasta $50 millones de dólares en sobornos en efectivo, en maletas, a senadores panistas de oposición a cambio de votos para la reforma energética de 2014.^[4] El conglomerado brasileño Odebrecht admitió en un acuerdo de culpabilidad ante el Departamento de Justicia de EE.UU. en 2016 haber pagado $10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

La concentración mediática refuerza el control político. Televisa y TV Azteca controlaban juntas más del 90–95% de la audiencia televisiva, con Televisa sola capturando el 65–70% de los ingresos publicitarios de TV. Entre 2013 y 2016, el gobierno gastó $2,000 millones de dólares en promover su imagen a través de medios masivos — en 2016, el presupuesto federal de publicidad era de 2,400 millones de pesos pero el gasto real superó los 8,500 millones de pesos.^[5] Durante la elección de 2012, el hacker Andrés Sepúlveda afirmó haber manejado un presupuesto de $600,000 dólares desplegando más de 30,000 bots de Twitter ("Peñabots") para manipular el discurso público. Telmex, de Carlos Slim, controla aproximadamente el 80% de las líneas telefónicas fijas; la OCDE estimó que la falta de competencia en telecomunicaciones le costaba a México $25,000 millones de dólares al año.

México es de manera consistente uno de los países más letales del mundo para los periodistas. Solo en 2022, 13 periodistas fueron asesinados — la cifra anual más alta jamás registrada. La gran mayoría de los perpetradores no enfrentan consecuencia alguna. Esta impunidad no se limita a los crímenes contra la prensa: más del 99% de todos los delitos cometidos en México quedan impunes. Solo el 4.46% de los delitos registrados resultan en condenas, y el 93.2% de los delitos no se denuncian o nunca se investigan.^[6] Resolver el rezago actual de homicidios de México a las tasas de investigación actuales tomaría 124 años.

En 2024, AMLO promulgó una reforma constitucional que exige la elección popular de todos los jueces — más de 2,600 jueces y magistrados, incluyendo los nueve ministros de la Suprema Corte electos en una sola elección en junio de 2025. Entre los candidatos para la elección judicial de 2025 figuraban el abogado de El Chapo, un traficante de metanfetaminas, un contrabandista de armas y un exdefensor del cártel de los Zetas.^[7] Siete organismos autónomos fueron abolidos por una reforma constitucional distinta, publicada en diciembre de 2024: el regulador energético (CRE), la comisión de hidrocarburos (CNH), el instituto de transparencia (INAI), la autoridad de competencia (COFECE), el regulador de telecomunicaciones (IFT), el consejo de evaluación de la pobreza (CONEVAL) y el organismo de evaluación educativa (Mejoredu).^[20]

Desigualdad y extracción

El coeficiente de Gini de México ha mejorado de 0.426 a 0.391 — aún entre los más altos de la OCDE — pero la concentración de la riqueza cuenta la historia más profunda. El 1% más rico posee el 37.5% de la riqueza nacional. Carlos Slim, cuyo patrimonio neto alcanzó los $123,000 millones de dólares, construyó su fortuna sobre un monopolio de telecomunicaciones adquirido durante la ola de privatizaciones de 1990 bajo el presidente Salinas, recibiendo una exención antimonopolio de siete años para operar Telmex sin competencia.^[8] La OCDE estimó que los mexicanos pagaron de más por servicios de telecomunicaciones $13,000 millones de dólares anuales entre 2005 y 2009.

La brecha norte-sur constituye una de las desigualdades internas más marcadas de América Latina, con una diferencia de 5:1 en el PIB per cápita entre los estados más ricos y más pobres de México. Los mexicanos indígenas experimentan una tasa de pobreza del 60.8% — más del doble del promedio nacional. El TLCAN, que entró en vigor en 1994, destruyó un estimado de 1.3 millones de empleos agrícolas en pequeñas parcelas cuando el maíz subsidiado estadounidense inundó los mercados mexicanos, mientras que las maquiladoras a lo largo de la frontera norte vieron la productividad aumentar un 80% aun cuando los salarios cayeron un 20%.^[9]

Las remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero alcanzaron los $64,700 millones de dólares en 2024 — el 3.7% del PIB y más que la inversión extranjera directa en muchos años. Esto constituye un subsidio estructural: las familias absorben los costos de criar y educar a trabajadores a quienes Estados Unidos emplea, mientras el ingreso que esos trabajadores envían sustituye los servicios públicos que el Estado mexicano no logra proveer.

La relación impuestos-PIB de México, del 18.3%, es la más baja de toda la OCDE — aproximadamente la mitad del promedio de la OCDE del 34.1%. Esto no es un descuido técnico sino una decisión política: la élite empresarial y la economía informal juntas constriñen la base fiscal, limitando la capacidad del Estado para proveer servicios universales. El sector informal emplea al 55.2% de la fuerza laboral pero contribuye solo el 25.4% del PIB, creando un ciclo que se autorrefuerza en el que la débil capacidad estatal impulsa la informalidad y la informalidad constriñe la base tributaria.^[10]

Tradiciones cooperativas y de resistencia

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó un levantamiento armado el 1 de enero de 1994 — el día en que el TLCAN entró en vigor — y transitó en doce días hacia un cese al fuego que dio paso a uno de los experimentos más sostenidos del mundo en gobernanza autónoma. Cinco Caracoles (centros de gobernanza regional) fueron establecidos en 2003 con Juntas de Buen Gobierno rotativas, sirviendo a una población de aproximadamente 300,000 personas en Chiapas.^[11] Los zapatistas construyeron cientos de escuelas, dos hospitales y 18 clínicas, logrando una tasa de vacunación del 84.2% comparada con el 74.8% en las áreas circundantes administradas por el gobierno. En noviembre de 2023, el EZLN disolvió sus estructuras municipales y las reemplazó con órganos de gobernanza más descentralizados, citando la sobreverticalización y la presión del crimen organizado.

En Oaxaca, 417 de 570 municipios — aproximadamente el 73% — se gobiernan por usos y costumbres (derecho consuetudinario), legalmente reconocidos desde 1995. El sistema de cargos requiere que los miembros de la comunidad sirvan en niveles ascendentes de responsabilidad cívica no remunerada, desde topil (guardia comunitario) hasta presidente municipal. El tequio — trabajo comunal obligatorio — mantiene la infraestructura sin intercambio monetario. Estos no son reliquias históricas sino sistemas de gobernanza en funcionamiento que administran justicia, asignan recursos y resuelven disputas para cientos de miles de personas.^[12]

El programa de silvicultura comunitaria de México se encuentra entre los más exitosos del mundo. Entre el sesenta y el setenta por ciento de los bosques de México son de propiedad comunitaria; según la CONAFOR, 2,362 ejidos y comunidades realizan manejo forestal en unos 18.2 millones de hectáreas. Ixtlán de Juárez en Oaxaca gestiona 19,310 hectáreas de bosque certificado FSC, generando 212 empleos. La red UZACHI gestiona 24,000 hectáreas en cuatro comunidades con certificación internacional. México tiene el mayor número de operaciones forestales comunitarias certificadas del mundo.^[13]

El sistema ejidal — creado por el Artículo 27 de la Constitución de 1917 y expandido masivamente bajo el presidente Lázaro Cárdenas, quien distribuyó aproximadamente 18 millones de hectáreas entre 1934 y 1940 — coloca aproximadamente 82.4 millones de hectáreas (cerca del 42% del territorio mexicano) bajo tenencia colectiva a través de unos 29,700 ejidos — alrededor del 51% del país si se incluyen las tierras de las comunidades agrarias.^[21] La reforma de 1992 del presidente Salinas permitió la privatización, pero menos del 1% de la tierra ejidal fue efectivamente privatizada. El ejido sigue siendo uno de los mayores experimentos del mundo en gobernanza colectiva de la tierra, aunque enfrenta presión creciente por concesiones mineras, desarrollo turístico y megaproyectos incluyendo el Tren Maya.

Las fuerzas de autodefensa comunitaria han surgido donde el Estado no logra proveer seguridad. La CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias — Policía Comunitaria), fundada en 1995 en Guerrero, cubre 11 municipios. Las autodefensas de Michoacán, formadas en febrero de 2013, crecieron hasta sumar miles de miembros en aproximadamente 30 municipios y desalojaron al cártel de los Caballeros Templarios — pero algunos de sus miembros posteriormente formaron nuevas organizaciones criminales, ilustrando la dificultad estructural de la autodefensa armada dentro de un sistema que produce las condiciones que la hacen necesaria.^[14]

Lenguaje político

Dedazo

Literalmente, el "golpe de dedo" — la práctica del presidente saliente de seleccionar personalmente a su sucesor durante la era del PRI, un ritual de transferencia de poder disfrazado de proceso democrático. La palabra codifica el saber de que las elecciones eran teatro mientras la verdadera decisión ocurría a puertas cerradas.

Mordida

El pequeño soborno pagado a policías, burócratas y funcionarios para navegar la vida cotidiana. Se distingue de la gran corrupción por su escala pero no por su estructura: ambas expresan la misma lógica de intercambiar dinero por acceso que el Estado debería proveer como un derecho.

Maquiladora

Fábricas de ensamblaje para exportación concentradas a lo largo de la frontera norte, donde empresas extranjeras importan componentes libres de aranceles, los ensamblan con mano de obra mexicana y reexportan los productos terminados. La palabra se ha convertido en sinónimo de un modelo de desarrollo que captura las ganancias de productividad para el capital mientras suprime los salarios.

Narcoestado

La condición en la que el crimen organizado no es externo al Estado sino que está incrustado en él. La condena de García Luna convierte al término en descriptivo más que polémico: el funcionario que dirigía la guerra contra el narcotráfico estaba en la nómina del cártel.

Usos y costumbres

Gobernanza consuetudinaria — la tradición jurídica indígena por la cual cientos de municipios oaxaqueños se gobiernan a través de la asamblea comunitaria en lugar de partidos políticos. Legalmente reconocida pero persistentemente presionada tanto por el Estado como por demandas internas de inclusión de género.

Ejido

Tierra comunal bajo tenencia colectiva con protección constitucional, creada por la Constitución revolucionaria de 1917 y defendida contra la privatización desde entonces. El ejido es tanto un sistema de tenencia de la tierra como una estructura de gobernanza — las asambleas ejidales toman decisiones sobre el uso de la tierra, la membresía y la asignación de recursos.

Abrazos, no balazos

El eslogan de seguridad de AMLO, rechazando el enfoque militarizado de sus predecesores. Los críticos señalan que la política coincidió con tasas de homicidio que continuaron siendo récord, mientras los defensores argumentan que redujo la violencia perpetrada por el Estado.

Características estructurales distintivas

La política de salario mínimo bajo AMLO y Sheinbaum representa una de las intervenciones salariales más drásticas de la historia reciente: de 88.36 a 315.04 pesos diarios entre 2018 y 2026 — un aumento nominal de 3.56 veces (aproximadamente 154% en términos reales, según la CONASAMI) a lo largo de ocho años consecutivos de aumentos de dos dígitos.^[15] A pesar de las predicciones económicas ortodoxas de daño inflacionario o al empleo, la política estuvo asociada con una reducción de la pobreza — los informes indican que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024 — mientras la inflación cayó dentro de la banda objetivo del banco central para 2025.

La Pensión del Bienestar se expandió de 8.5 millones de beneficiarios en 2019 a más de 13 millones para 2025, con pagos que aumentaron de 1,160 a 6,000 pesos bimestrales. La pobreza en personas mayores disminuyó del 43.2% al 31.1%. La pobreza multidimensional se redujo del 41.9% al 36.3% entre 2018 y 2022. El gasto social total alcanzó 1.3 billones de pesos para 2024, pero con un déficit fiscal que se aproximaba al 5% del PIB.^[16] La pregunta sobre la sostenibilidad — si las ganancias sociales pueden sobrevivir sin la base fiscal para sustentarlas — permanece sin resolver.

La militarización de funciones civiles se ha acelerado. Bajo AMLO, el ejército asumió el control de: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) — construido por 116 mil millones de pesos, 36% por encima del presupuesto, con una recuperación de costos proyectada de solo el 15% para 2033; el ferrocarril del Tren Maya — 470–540 mil millones de pesos, tres a cuatro veces la estimación original; la Guardia Nacional; las operaciones aduanales; y la revivida aerolínea Mexicana de Aviación.^[17] Esto representa una lógica institucional en la que el ejército es tratado como la única entidad capaz de ejecutar grandes proyectos sin la corrupción que impregna las instituciones civiles — mientras él mismo opera sin la transparencia ni la rendición de cuentas que la supervisión civil requeriría.

Contexto legal y constitucional

La Constitución de 1917 — producto de la Revolución Mexicana — fue una de las primeras del mundo en consagrar derechos sociales y económicos. El Artículo 27 estableció la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, creó el sistema ejidal y prohibió la propiedad extranjera de tierras en fronteras y costas. El Artículo 123 garantizó derechos laborales incluyendo salarios mínimos, la jornada de ocho horas y el derecho a huelga. Estas disposiciones precedieron protecciones comparables en la mayoría de las naciones industrializadas por décadas.^[18]

La reforma del presidente Salinas al Artículo 27 en 1992 — permitiendo la privatización y venta de tierras ejidales — fue la precondición constitucional para el TLCAN y detonó el levantamiento zapatista. La reforma se presentó como modernización; su efecto fue exponer a los poseedores de tierras comunales a las presiones del mercado mientras eliminaba las protecciones constitucionales contra el despojo. Que menos del 1% de la tierra ejidal haya sido efectivamente privatizada no refleja el fracaso de la reforma sino la fortaleza de las instituciones comunales que la resistieron.

La reforma judicial de 2024 — que exige la elección popular de todos los jueces y reduce la Suprema Corte de 11 a 9 ministros —, junto con la reforma distinta de diciembre de 2024 que abolió siete organismos reguladores autónomos, representa la reestructuración constitucional más trascendente desde 1917.^[20] El embajador de Estados Unidos la calificó como "un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia mexicana." El relator especial de la ONU sobre la independencia judicial advirtió que "las elecciones pueden ser más fácilmente infiltradas por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial." La reforma provocó protestas a nivel nacional y la toma del Senado el día de la votación.^[19]

La relación de México con Estados Unidos define su posición estructural. El acuerdo comercial T-MEC (sucesor del TLCAN) vincula a las dos economías — Estados Unidos absorbe aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas. Remesas por $64,700 millones de dólares fluyen hacia el sur mientras drogas, armas y dinero lavado fluyen hacia el norte. La frontera misma funciona como un instrumento económico: el diferencial salarial entre ambos lados crea las condiciones tanto para la migración como para la explotación, mientras que el encuadre político de la inmigración oculta la estructura económica que la produce.