Perú

Perú tuvo seis presidentes en cinco años. Cada presidente entre 2001 y 2016 fue investigado por corrupción con la misma empresa constructora brasileña. Un jefe de inteligencia pagó a los canales de televisión 100 veces más de lo que pagó a los jueces, porque los medios eran el control más fuerte sobre el poder. El gobierno esterilizó forzosamente a más de 314.000 mujeres, en su mayoría indígenas, bajo un “programa de población.” La constitución que consagra la economía neoliberal fue redactada bajo un dictador y sigue vigente 33 años después. Más del 40% del territorio del país está designado para extracción minera, y dos tercios de la población comparten menos del 2% del agua. Cuando el primer presidente campesino fue destituido, las fuerzas de seguridad mataron a 49 manifestantes predominantemente indígenas — y el establishment los etiquetó como terroristas. Y a través de todo ello, 6.000 comunidades campesinas gobiernan las tierras altas, las rondas campesinas administran justicia donde el Estado está ausente, y las comunidades paralizan minas multimillonarias con bloqueos organizados mediante tradiciones de gobernanza más antiguas que la conquista española.

Estructuras de poder

Entre 2018 y 2023, Perú tuvo seis presidentes: Kuczynski (renunció ante la amenaza de destitución), Vizcarra (removido por el Congreso por “incapacidad moral”), Merino (duró cinco días antes de que las protestas forzaran su renuncia tras la muerte de dos manifestantes), Sagasti (transitorio), Castillo (arrestado tras intentar un autogolpe horas antes de su tercera votación de destitución) y Boluarte (primera mujer presidenta de Perú, bajo cuyo gobierno las fuerzas de seguridad mataron a 49 manifestantes predominantemente indígenas). El Congreso ha convertido en arma la disposición de “incapacidad moral” de la Constitución de 1993 como mecanismo de destitución con umbral bajo, intentando o ejecutando cinco remociones presidenciales entre 2017 y 2022.^[1] El Congreso destituyó a su vez a Boluarte en octubre de 2025, y a su sucesor, José Jerí, en febrero de 2026.^[15] El Congreso eligió entonces como presidente interino a José María Balcázar, exjuez. En la segunda vuelta de junio de 2026, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, venció a Roberto Sánchez por cerca del 50,1% frente al 49,9%, y asumió el cargo el 28 de julio de 2026.^[17]

La presidencia de Alberto Fujimori (1990–2000) configuró la arquitectura institucional actual de Perú. Su autogolpe de 1992 disolvió el Congreso y suspendió el poder judicial con respaldo militar y amplio apoyo popular. La resultante Constitución de 1993 consagró la economía neoliberal: privatización, protecciones a la inversión extranjera y desmantelamiento del Estado desarrollista. Detrás de la fachada constitucional, el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos construyó un sistema de vigilancia, soborno e intimidación. Los “Vladivideos” — cintas grabadas en secreto que mostraban a Montesinos sobornando a congresistas, jueces, dueños de medios y oficiales militares — revelaron que sobornar a una mayoría congresal costaba menos de US$400.000 al mes, mientras que el soborno a un solo canal de televisión era cuatro veces mayor que el total pagado a todos los políticos de oposición. Por preferencia revelada, los medios eran el control más fuerte sobre el poder gubernamental, razón por la cual Montesinos gastó más en neutralizarlos.^[2]

En los años noventa, el programa de planificación familiar del gobierno de Fujimori esterilizó a cientos de miles de personas mediante metas, incentivos y presiones. En 2001, una subcomisión investigadora del Congreso concluyó que entre 1993 y 1999 fueron esterilizadas de manera forzada 314.605 mujeres y 24.563 hombres, en su mayoría indígenas, rurales, pobres o analfabetas. En octubre de 2024, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, citando al menos 314.000 mujeres, dictaminó que esa política constituyó violencia por razón de sexo y discriminación interseccional.^[3]

Captura institucional

El escándalo de corrupción de Odebrecht implicó a todos los presidentes peruanos de 2001 a 2016. Alejandro Toledo fue condenado por aceptar US$35 millones en sobornos y sentenciado a más de 20 años de prisión. Alan García se quitó la vida de un disparo cuando la policía llegó a arrestarlo en abril de 2019. Ollanta Humala fue puesto en prisión preventiva. Pedro Pablo Kuczynski renunció y fue puesto bajo arresto domiciliario. El escándalo reveló que la corrupción no era cuestión de actores individuales sino un rasgo estructural: cada contrato importante de obras públicas era potencialmente un vehículo para pagos ilícitos.^[4]

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y zinc y se encuentra entre los principales productores de plata, oro, estaño y plomo. La minería representa aproximadamente el 60% de los ingresos por exportación. Más del 40% de la superficie de Perú está destinada a la minería y otras industrias extractivas, con más de 1.000 comunidades indígenas solicitando al gobierno respecto a 20 millones de hectáreas amenazadas por la extracción. El canon minero — diseñado para redistribuir el 50% de los ingresos tributarios mineros a gobiernos subnacionales — ha generado más tensión de la que ha resuelto, con regiones productoras experimentando flujos rápidos pero desiguales de ingresos mientras los distritos no productores reciben casi nada.^[5]

El Grupo El Comercio controla aproximadamente el 78% de la audiencia lectora de periódicos en Perú. En julio de 2018, más de 63.000 grabaciones de audio filtradas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) revelaron una corrupción judicial generalizada que vinculaba al poder judicial con el crimen organizado. El CNM fue disuelto y reemplazado. El patrón es consistente con la captura de la era Montesinos: no una conducta indebida individual sino una red organizada operando dentro de estructuras institucionales formales.^[6]

Desigualdad y extracción

El coeficiente de Gini de Perú de 40,7 (2023) oculta disparidades geográficas y raciales extremas. En la región costeña de Ica, el 15% vive por debajo de la línea de pobreza; en la región serrana adyacente de Huancavelica, el 85%. En la sierra andina en general, el 73% vive por debajo de la línea de pobreza, con el 40% en pobreza extrema, la mayoría de los cuales son indígenas. Casi el 90% de los peruanos indígenas tienen ingresos per cápita inferiores a 5.000 soles, comparado con el 75% de los peruanos blancos. La desnutrición crónica infantil se sitúa en el 12,2% a nivel nacional pero en el 26,8% en Huancavelica.^[7]

El agua es el punto de inflamación central. Dos tercios de la población de Perú comparten menos del 2% del agua del país, con operaciones mineras ubicadas en el flanco occidental andino donde la escasez es más aguda. La Defensoría del Pueblo registró 224 conflictos sociales en septiembre de 2023, aproximadamente el 67% relacionados con la minería. El proyecto aurífero Conga (US$4.800 millones, Newmont) habría destruido cuatro lagunas de montaña y fue suspendido por la oposición comunitaria sostenida. La expansión cuprera de Tía María (US$1.700 millones, Southern Copper) fue suspendida tras seis muertes. La mina de cobre Las Bambas ha sido cerrada repetidamente por bloqueos comunitarios, sacando de línea una quinta parte de la producción de cobre de Perú.^[8]

En Madre de Dios, la minería artesanal ilegal de oro ha destruido más de 100.000 hectáreas de selva amazónica, liberando 180 toneladas de mercurio anualmente al aire, los ríos y el suelo. Aproximadamente el 78% de los adultos en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio que superan los estándares internacionales seguros. Más de 470 derrames de petróleo han sido documentados en la Amazonía peruana desde 2000.^[9]

Tradiciones cooperativas y de resistencia

La sierra andina de Perú preserva algunos de los sistemas de gobernanza comunal en funcionamiento continuo más antiguos de las Américas. El ayllu — un colectivo basado en parentesco organizado en torno a la tenencia comunal de la tierra — regula el uso del suelo, resuelve disputas y coordina el trabajo colectivo. El ayni (trabajo recíproco entre hogares) y la minka (trabajo colectivo comunitario para proyectos comunes) sostienen la infraestructura sin pago monetario. Perú reconoce oficialmente aproximadamente 6.000 comunidades campesinas que funcionan como entidades de gobernanza que median entre las comunidades y el Estado.^[10]

En diciembre de 1976, campesinos en Cuyumalca, Cajamarca, organizaron la primera ronda campesina — una patrulla rural formada para combatir el abigeato donde el Estado estaba ausente. Las rondas se expandieron por el Perú rural, recibieron reconocimiento legal en 1986 y se les otorgó autoridad para ejercer justicia comunitaria en 2003. Las rondas individuales van de 80 a 300 miembros. Su sistema de justicia se caracteriza por una orientación hacia la construcción de paz y raíces profundas en la cosmovisión andina. Durante el conflicto armado interno, las rondas desempeñaron un papel significativo en la autodefensa tanto contra la violencia de Sendero Luminoso como contra los abusos militares del Estado.^[11]

La destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022 desencadenó las mayores protestas en dos décadas. Los manifestantes — predominantemente comunidades indígenas y campesinas del sur de la sierra — exigían su liberación, la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y una nueva constitución. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza letal: Amnistía Internacional documentó 49 muertes de civiles, incluyendo al menos 20 posibles ejecuciones extrajudiciales y ocho menores de 18 años. La Federación Internacional de Derechos Humanos caracterizó la represión como posibles crímenes de lesa humanidad.^[12]

Sendero Luminoso, al que la Comisión de la Verdad y Reconciliación atribuyó el 54% de las víctimas fatales que le fueron reportadas en un conflicto que dejó un estimado de 69.280 muertos entre 1980 y 2000,^[16] destruyó el tejido social de las comunidades cuya opresión decía abordar. Su daño perdurable es también retórico: cualquier resistencia organizada desde comunidades serranas o indígenas es rutinariamente etiquetada como “terrorismo” por las élites políticas y los medios limeños. Este terruqueo — la equiparación de la disidencia con el terrorismo — deslegitima la crítica estructural y criminaliza la protesta.

Lenguaje político

Vacancia

Disposición constitucional para la remoción presidencial por motivos de “incapacidad moral,” reconvertida en un arma de destitución con umbral bajo. Cinco intentos o ejecuciones entre 2017 y 2022.

Autogolpe

Un presidente disolviendo las otras ramas del gobierno. Fujimori lo hizo exitosamente en 1992 con respaldo militar. Castillo lo intentó sin éxito en 2022 y fue arrestado.

Terruqueo

La práctica de etiquetar cualquier protesta, crítico o movimiento social como “terrorista” o “simpatizante de Sendero Luminoso.” Un arma retórica que transforma la memoria de una atrocidad genuina en una herramienta para silenciar la disidencia.

Ronda campesina

Patrulla rural — autogobierno a nivel de caserío y comunidad nacida de la ausencia del Estado. No un grupo de vigilantes sino un sistema de justicia funcional con reconocimiento legal, enraizado en tradiciones comunales andinas.

Canon minero

Mecanismo para redistribuir el 50% de los ingresos tributarios mineros a gobiernos subnacionales. Diseñado para traducir la extracción en desarrollo, en cambio ha generado conflicto territorial por la distribución de ingresos.

Minka

Trabajo colectivo comunitario para proyectos que benefician a todos — canales, caminos, edificios. No nostalgia histórica sino una práctica viva que construyó infraestructura a lo largo de los Andes sin pago monetario durante siglos.

Características estructurales únicas

El área metropolitana de Lima contiene aproximadamente 11,3 millones de personas — un tercio de la población de Perú — y genera aproximadamente el 50% del PIB. El poder político, los medios, las universidades, las sedes corporativas y el poder judicial están concentrados allí. Las poblaciones provinciales están sistemáticamente subrepresentadas. La centralización se autorrefuerza: la inversión pública fluye desproporcionadamente hacia Lima, atrayendo más migración, lo que concentra la demanda de servicios, lo que justifica más inversión.^[13]

La economía informal de Perú emplea aproximadamente al 73–77% de la fuerza laboral — aproximadamente 13,2 millones de trabajadores. La mayoría de los peruanos carecen de contratos estables, pensiones o derechos laborales. La estabilidad macroeconómica de Perú (baja inflación, deuda manejable) coexiste con precariedad estructural para la mayoría de la población. La informalidad no es un fenómeno transitorio: las proyecciones la sitúan por encima del 30% al menos hasta 2050.^[14]

La elección de Pedro Castillo en 2021 rompió una barrera fundamental — el primer campesino en llegar a la presidencia. Su rápida destitución reveló los límites de la victoria electoral: ganar la presidencia no se tradujo en poder de gobierno. El establishment institucional limeño — Congreso, poder judicial, medios, fuerzas armadas — mantuvo poder de veto sobre un presidente que carecía del capital social y las redes institucionales que la clase política acumula a lo largo de generaciones. La incompetencia de Castillo proporcionó la justificación inmediata; la hostilidad estructural estuvo presente desde la investidura.

Contexto legal y constitucional

La Constitución de 1993 de Fujimori sigue vigente. Pese a la transición democrática posterior al año 2000, ningún gobierno ha emprendido una reforma constitucional fundamental. El marco económico neoliberal — privatización, protecciones a la inversión extranjera, intervención estatal limitada — está consagrado constitucionalmente. Los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y China refuerzan aún más el marco, restringiendo la capacidad de futuros gobiernos para imponer impuestos a la exportación de minerales, regular la inversión extranjera o implementar política industrial.

Perú demuestra una condición estructural en la que la política democrática opera dentro de parámetros institucionales establecidos por un régimen autoritario. El país que produce la segunda mayor cantidad de cobre del mundo tiene un 73% de pobreza en la sierra. El modelo extractivo genera ingresos sin construir capacidad institucional para traducir la riqueza en desarrollo compartido ampliamente. Las empresas mineras extraen recursos finitos, las comunidades cargan con los costos ambientales y de salud, y los beneficios fiscales fluyen hacia Lima o hacia accionistas internacionales. La constitución diseñada para facilitar este arreglo sigue vigente porque las poblaciones más perjudicadas por ella carecen del poder institucional para cambiarla.